Cazalegas y Gamonal rechazan las plantas de biometano de Talavera
Los ayuntamientos de Cazalegas (Toledo) y de la entidad menor de Gamonal —dependiente de Talavera de la Reina— han manifestado su oposición a la instalación de hasta cuatro plantas de biometano en el término municipal talaverano. Ambas administraciones cuestionan la ubicación elegida y alertan de los efectos sobre los municipios de la comarca.
Los vecinos de la urbanización 'El Cigarral', en Cazalegas, celebraron una asamblea de urgencia tras conocer que el proyecto ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable de la Junta de Comunidades. Su "malestar e indignación" se agudizó al saber que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina respalda firmemente la iniciativa.
Los municipios del entorno de Talavera de la Reina (Toledo) se movilizan contra la implantación de hasta cuatro instalaciones de producción de biometano en el término municipal talaverano. El alcalde de Cazalegas (Toledo), Francisco Javier Blanco, se reunió con el regidor de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, para trasladarle su rechazo a la planta más próxima a su localidad, a la que calificó de afectación "directa". La entidad menor de Gamonal, nucleo de población dependiente de Talavera, sumó también su oposición formal al proyecto.
Blanco matizó que el rechazo de Cazalegas no es de principio: el consistorio no se opone a que existan plantas de biometano —una tecnología que da salida a los residuos ganaderos— sino a la localización concreta que se ha elegido para su emplazamiento. Su argumento central es el efecto llamada que ejercerían estas infraestructuras sobre las macrogranjas de la región. "Van a funcionar como un foco de atracción" para explotaciones que buscarán territorios próximos donde gestionar sus purines con mayor comodidad, advirtió el alcalde de Cazalegas.
La asociación SOS Talavera ha precisado la distribución prevista de las cuatro instalaciones: la más cercana a Cazalegas se situaría al sur de la autovía A-5; dos más se proyectan junto al polígono industrial Torrehierro; y una cuarta se ubicaría al sur de Talavera la Nueva y Alberche.
El alcalde de Cazalegas dirigió también una crítica explícita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, organismo al que corresponde la autorización de este tipo de proyectos y que, a su juicio, podría impedir las instalaciones. Blanco no descartó convocar concentraciones ante la Delegación provincial de la Junta o ante el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional en Toledo, si la situación no cambia.
La tensión vecinal se expresó de forma organizada en una asamblea de urgencia celebrada por una veintena de residentes de la urbanización 'El Cigarral', en Cazalegas. Los asistentes manifestaron su "malestar e indignación" al conocer que el proyecto ya dispone de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable otorgada por la Junta y que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina "respalda firmemente la iniciativa, viéndola de forma muy positiva para sus intereses locales", según trasladaron a EFE. Los vecinos expresaron una profunda preocupación por las consecuencias sobre la salud pública y alertaron del riesgo de contaminación de suelos y acuíferos locales.
Desde Gamonal, su alcalde, Álvaro Jerónimo, subrayó que los vecinos no quieren una planta en las inmediaciones del núcleo poblacional y trasladó su inquietud por el incremento del tránsito de vehículos pesados que generaría la actividad de las instalaciones, lo que podría comprometer el desarrollo de la localidad. Jerónimo reveló además que desde 2023 el Ayuntamiento de Gamonal ha solicitado información al consistorio talaverano sobre las plantas sin haber obtenido respuesta, lo que impide a los vecinos evaluar con precisión el alcance del impacto que podrían sufrir.
La posición de Talavera de la Reina contrasta frontalmente con la de sus municipios vecinos. El consistorio talaverano defiende las plantas como una oportunidad para sus intereses locales, mientras Cazalegas y Gamonal denuncian que son las poblaciones de la comarca las que asumirían los costes medioambientales y de movilidad del proyecto. Con la DIA aprobada y la Junta como árbitro último de la autorización, el conflicto entre intereses municipales y supramunicipales se perfila como el eje del debate en las próximas semanas.