El jurado declara culpable al asesino de la embarazada de Escalona

El jurado popular que durante dos jornadas ha enjuiciado al único acusado por uno de los crímenes de violencia de género más graves registrados en la provincia de Toledo en los últimos años declaró este martes culpable de asesinato y aborto, también por unanimidad, al hombre que el 28 de diciembre de 2022 apuñaló hasta la muerte a su esposa, M.E.B.C., de 34 años, cuando estaba embarazada de 40 semanas en Escalona (Toledo). Los nueve miembros del jurado rechazaron asimismo la suspensión de la pena y el indulto, y aceptaron dos atenuantes —entre ellos el de confesión— y los agravantes de parentesco y de género.

Tras el fallo, el Ministerio Fiscal reclamó 22 años de prisión por el delito de asesinato y seis años más por el de aborto, además de libertad vigilada, la prohibición de aproximarse a sus dos hijos menores y la privación de la patria potestad sobre ellos. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía mantuvo que el acusado indemnice a cada uno de sus hijos con 120.000 euros y con 40.000 euros a cada uno de los hermanos y padres de la víctima.

El acusado, J.J.S.A., había reconocido los hechos desde el primer momento del juicio, celebrado el lunes ante la Audiencia Provincial de Toledo. "Me invadió la ira", declaró entonces ante el tribunal, admitiendo que apuñaló a su mujer cuando descubrió que se disponía a abandonar el domicilio familiar junto con sus hijos, de 13 y 14 años, para irse a vivir con el hombre con quien M.E.B.C. mantenía una relación extramatrimonial y de quien esperaba el hijo que nunca llegó a nacer.

La segunda jornada: el GPS, las escuchas y el "objetivo cumplido"

La segunda jornada del juicio, celebrada este martes, añadió al relato del crimen detalles que dibujaron con nitidez el perfil de un agresor que ejercía un control sistemático sobre su víctima mucho antes de la noche del crimen. El guardia civil instructor del atestado declaró que J.J.S.A. había colocado un dispositivo de localización GPS en el coche de M.E.B.C., hallado por los agentes al día siguiente de los hechos. El instructor explicó también que en las grabaciones de las llamadas que los hijos de la pareja realizaron al 112 aquella noche puede escucharse al acusado afirmar de fondo que "ya había conseguido lo que quería". El agente que practicó la detención añadió que J.J.S.A. esperaba con actitud "muy pasiva" y que, en varias ocasiones, repitió que su "objetivo estaba cumplido".

Los médicos forenses que realizaron la autopsia de la víctima y del feto ratificaron que M.E.B.C. no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Las heridas en las muñecas, explicaron, no eran defensivas: la víctima fue abordada por la espalda e intentó girarse para encarar a su agresor. El ataque causó un shock hipovolémico que la llevó a la muerte. En cuanto al feto, los forenses precisaron que presentaba una herida superficial por arma blanca que no comprometía ninguna estructura vital, y concluyeron que falleció como consecuencia directa de la muerte de la madre.

Dos forenses del Instituto de Medicina Legal descartaron que el acusado presentara ninguna patología o enfermedad mental que limitara sus capacidades cognitivas o volitivas, que calificaron de "íntegras". Sobre el argumento central de la defensa —el consumo masivo de alcohol y cocaína—, concluyeron que "en ningún caso" pudo influir en los hechos, pues estos son consecuencia de "un ámbito de celos que se venían repitiendo".

El vecino que intentó salvarle la vida

Uno de los testimonios más estremecedores de la segunda jornada fue el del vecino que prestó la primera atención a la víctima. El hombre explicó que se acercó al escuchar voces y encontró a los hijos de la pareja gritando mientras hablaban por teléfono. M.E.B.C. estaba tumbada en el suelo y aún viva. El vecino pidió trapos para intentar taponar las heridas hasta la llegada de los servicios de emergencia. Mientras tanto, el acusado salió en varias ocasiones al jardín desde el interior de la vivienda repitiendo que la víctima "se lo tenía merecido".

La atenuante de confesión rebaja las peticiones de pena

Concluidas las pruebas, tanto la Fiscalía como la acusación popular ejercida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) accedieron a aplicar la atenuante de confesión, lo que redujo la petición de pena por asesinato de 25 a 22 años y la del delito de aborto de 8 a 6 años. Ambas acusaciones mantuvieron los agravantes de parentesco y de género.

La defensa, que había solicitado la libre absolución de su cliente alegando su alcoholismo crónico y el consumo de cocaína, terminó admitiendo que no procedía pedir la remisión de la condena y pidió al tribunal que aplicara "el menor porcentaje de pena posible" dentro de la horquilla de entre 15 y 25 años que establece el Código Penal. Antes de que el jurado se retirara a deliberar, J.J.S.A. tomó la palabra por última vez. "Jamás me lo podré perdonar", afirmó el acusado, que permanece en prisión provisional desde el 30 de diciembre de 2022.

Veredicto unánime

Tras menos de una jornada de deliberación, los nueve miembros del jurado —dos hombres y siete mujeres— emitieron un veredicto unánime de culpabilidad por los dos delitos. Descartaron igualmente, también por unanimidad, la suspensión de condena y el indulto. La pena definitiva será fijada por la magistrada presidenta en la sentencia, que deberá enmarcarse en los parámetros establecidos por el veredicto y las conclusiones definitivas de las partes.

El crimen de Escalona se convierte así en uno de los casos de violencia de género juzgados con jurado popular en Castilla-La Mancha con mayor unanimidad en el veredicto: dos jornadas de juicio, la confesión del acusado desde el primer día y nueve votos sin fisura que no precisaron deliberación prolongada para alcanzar su conclusión.