Talavera plantea alejar a 5 kilómetros las plantas de biometano

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado en Junta de Gobierno la presentación de diez alegaciones al proyecto de decreto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que regula la instalación de plantas de biometano, entre ellas la ampliación de dos a cinco kilómetros de la distancia mínima obligatoria respecto de suelos residenciales, urbanos e industriales. La medida ejecuta los acuerdos del reciente Pleno Extraordinario celebrado por la corporación municipal.

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que el alcalde, José Julián Gregorio, votó en ese mismo pleno a favor de modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) y suspender la concesión de licencias, para reclamar horas después un estudio independiente que, según los socialistas, no fue objeto de aprobación. "El pleno dijo no, y no es no", ha advertido el portavoz socialista, José Gutiérrez.

La Junta declara proyectos prioritarios dos plantas de biometano en Ciudad Real
Imagen de archivo de una planta de biometano

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina aprobó este domingo en Junta de Gobierno la presentación de diez alegaciones al proyecto de decreto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que establece las condiciones para la gestión de residuos orgánicos mediante su transformación en biometano, en cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Pleno Extraordinario celebrado por la corporación. El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha avanzado que el objetivo de las modificaciones propuestas es "reforzar las garantías ambientales, urbanísticas y de salubridad y preservar las competencias de las administraciones locales".

La propuesta más destacada es la ampliación de dos a cinco kilómetros de la distancia mínima obligatoria de este tipo de instalaciones respecto de suelos residenciales, urbanos e industriales, frente a los dos kilómetros que contempla el texto autonómico. El Ayuntamiento plantea además la aplicación estricta del principio sectorial de proximidad, restringiendo la entrada logística de residuos con un ámbito máximo inferior al inicialmente previsto por la Junta de Comunidades.

Entre el resto de alegaciones figura la fijación de un límite absoluto de 50 kilómetros para el cien por cien de los insumos de las plantas, con el fin de impedir que estas instalaciones dependan de residuos procedentes de largas distancias. El Consistorio reclama asimismo la prohibición expresa de importar o introducir en el circuito regional sustratos procedentes de otras comunidades autónomas, así como una correspondencia directa entre la capacidad de generación de residuos y el dimensionamiento técnico de cada instalación.

El Ayuntamiento también pide que las competencias técnicas de validación e instrucción permanezcan en el órgano ambiental autonómico, evitando trasladar a los municipios responsabilidades o cargas de gestión que, a su juicio, no les corresponden. A ello se suma la propuesta de suprimir o acotar el régimen de excepcionalidad previsto para las inversiones estratégicas, con el objetivo de impedir que esta vía pueda utilizarse para neutralizar las competencias municipales de control urbanístico y ambiental.

Recurso de alzada contra la autorización de Cazalegas

Junto a las alegaciones al decreto, la Junta de Gobierno autorizó al alcalde a presentar un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental, de fecha 24 de julio de 2026, relativa a la autorización ambiental integrada de una instalación vinculada al término de Cazalegas (Toledo). García-Barroso explicó que el recurso se fundamenta en cinco motivos: la posible nulidad por infracción de la reciente reforma de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el incumplimiento de los derechos derivados de la autonomía local de las administraciones afectadas, con mención expresa al municipio de Cazalegas; y la existencia de una incompatibilidad urbanística sobrevenida tras el inicio formal de la modificación puntual del POM, acordado el pasado 7 de agosto.

El PSOE acusa al alcalde de contradecirse en menos de 24 horas

La actuación del Gobierno local no ha estado exenta de polémica. El Grupo Municipal Socialista ha criticado con dureza el cambio de postura del alcalde, José Julián Gregorio, al que acusa de haber votado en el Pleno Extraordinario a favor de modificar el POM y suspender la concesión de licencias para, en menos de veinticuatro horas, defender públicamente la realización de un estudio independiente destinado a determinar dónde y cómo ubicar las plantas de biometano.

El portavoz socialista, José Gutiérrez, ha afirmado que el grupo "todavía sigue perplejo" ante esa secuencia y ha subrayado que en el pleno "no se aprobó nada sobre hacer ningún estudio", por lo que "no hay que pedir ningún estudio ni a una empresa, ni a la universidad, ni a la ONU, ni a la Unesco". Los socialistas han advertido que mantendrán la presión política "día sí y día también" y realizarán un seguimiento diario de la modificación del POM hasta que el equipo de Gobierno "cumpla lo que se aprobó por unanimidad".

Gutiérrez ha considerado "muy llamativo" que la propuesta del alcalde de encargar ese estudio externo "coincide curiosamente con la propuesta que defiende la empresa que quiere instalar una planta a la entrada de Talavera, cerca de Cazalegas", aunque no ha aportado documentación que acredite esa coincidencia. El portavoz socialista ha avanzado que el grupo preguntará en las comisiones informativas del próximo lunes y en el pleno del viernes sobre la posición definitiva del Gobierno local en relación con el biometano. "El presente y futuro de Talavera se decide en el salón de Plenos por la corporación municipal", ha concluido Gutiérrez.

El debate político abierto en Talavera se inscribe en un conflicto más amplio entre las administraciones local y autonómica sobre el modelo de gestión de residuos orgánicos y la soberanía municipal en materia de ordenación del territorio, con una instalación concreta en el entorno de Cazalegas como detonante inmediato.

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